Mientras las fuerzas policiales siguen reprimiendo a las marchas estudiantiles y a las comunidades Mapuche que luchan por vivir en sus tierras, mientras el Alcalde de Santiago propone sacar las FFAA a las calles el 11 de septiembre, el gobierno de Chile quiere dotarse de nuevas herramientas jurídicas para silenciar el movimiento social.

La semana pasada el ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter anunció su intención de modificar el decreto 1086 que regula las manifestaciones, con el fin de prohibir que se concurra a las marchas “con capuchas, pañuelos o cualquier otro elemento que cubra el rostro.” Esa medida sería destinada a dar “un paso para que las marchas sean más tranquilas” y para “proteger a los ciudadanos” frente a los disturbios ocurridos en estas. Ese proyecto recibió apoyo no solo del bando oficialista sino también por parte de ciertos concertacionistas, tal como el diputado del Partido Por la Democracia (PPD) Jorge Tarud. Según dice el diputado la medida apunta a personas que “no son ni estudiantes, ni trabajadores, sino que son delincuentes comunes, que vienen a entorpecer el legítimo movimiento ciudadano, que han tenido los estudiantes, por lo tanto, no más encapuchados en las protestas”.

Visto desde la Moneda o el Congreso, el tema parece muy simple: de un lado estarían los ciudadanos honestos que respetan la ley y del otro los delincuentes que producen destrozos. Un panorama perfecto para dividir el movimiento y tranquilizar las bases de los partidos de derecha. Pero cualquier persona que haya salido a la calle en los últimos meses sabe que la realidad es un tanto más compleja. Y entiende que la figura del encapuchado difundida por los medios y invocada por los políticos – encarnada por un joven violento, de sexo masculino, proveniente de una población o de un grupúsculo anarquista – sirve de pretexto para establecer una nueva restricción al derecho de manifestarse.

Contra lo que creen – o fingen creer – los gobernantes, son mucho más numerosas y diversas las personas que cubren su rostro en las marchas. Son jóvenes, adultos mayores, niños, mujeres, hombres, estudiantes, trabajadores, cesantes, agitadores, pacifistas, manifestantes, transeúntes… Lo hacen mi vecino, su colega, tu compañera de la universidad, su tío, la señora que vende churros o limones…

¿Por qué lo hacen? A veces para protegerse de las lacrimógenas tiradas por los carabineros y los gases del zorrillo. Otras veces para que los carabineros o la prensa no les sacan fotos. A veces para que su patrón severo o sus papas derechistas no sepan que han salido a marchar. Algunos lo hacen porque están empleando formas de movilización que podrían ser reprimidas por la ley, y no quieren ofrecerle una foto gratis al fiscal. Otros simplemente llegaron disfrazados a la marcha, con un casco de policía en cartón o una máscara de Piñera con bigote. Entonces ¿qué va a pasar una vez que habrán modificado el famoso decreto 1086? ¿Los carabineros van a llevarse presa a toda esa gente? Llegado el caso el presidente tendría que apurarse en renacionalizar el cobre, porque van a necesitar recursos para construir nuevas comisarías y cárceles…

El proyecto de Hinzpeter es simplemente absurdo, y cabe preguntarse si el gobierno no tiene nada más que hacer en esos días agitados. Otros países ya adoptaron reglamentaciones similares y solo lograron hacerse los ridículos. Así lo hizo en 2009 el gobierno francés de Nicolas Sarkozy – uno de los modelos del actual presidente de Chile – con un decreto que castiga con una multa de 1.500 euros (1 millón de pesos chilenos) “el hecho de esconder voluntariamente su rostro, en una manifestación o sus inmediaciones, con el fin de no ser identificado en circunstancias que hacen temer perjuicios al orden público”. Hasta los sindicatos de policía avisaron que el texto era imposible de aplicar: “será imposible ir a buscar personas encapuchadas en medio de una marcha”. Más que todo, los movimientos sociales y las agrupaciones de defensa de los derechos humanos se preocuparon de que la medida podría justificar detenciones arbitrarias de personas enmascaradas sin que hayan cometido ningún acto perjudicial. A finales del año 2010, el Parlamento francés adoptó una ley aún más restrictiva que prohíbe ocultar su cara en el espacio público cual que sea el contexto, apuntando esa vez a las mujeres musulmanas que ocupan velo integral.

En las dos oportunidades se produjeron absurdos debates jurídicos, para saber lo que era una capucha o un velo integral (¿cuantos centímetros cuadrados de piel deben aparecer?) o como se definen “circunstancias que hacen temer perjuicios al orden público” (lo que del punto de vista policial puede ser cualquier marcha). Además tuvieron que aclarar si los carnavales tradicionales eran excepciones a la ley… Frente a esa medida insensata hubo reacciones inventivas de parte de la ciudadanía. Así el 1 de mayo 2009, mientras se discutía el decreto en los ministerios, muchas personas salieron a marchar con capuchas, pasamontañas pero también con máscaras sanitarias (en plena epidemia de influenza H1N1) o disfraces de Mickey Mouse. En ciertas ciudades el desfile fue rebautizado “baile de máscaras” y al final ¡nunca se vio tantos encapuchados en las calles galas como ese día!

Los estudiantes chilenos también se burlan del miedo y de los clichés alimentados por la televisión: así en Concepción desfilaron disfrazados de “terroristas”, desafiando los carabineros con metralletas y lanzacohetes de papel maché. Por su parte alumnos de la Universidad de Valparaíso llamaron el pasado 4 de agosto a que todos se encapucharan desde el principio de la marcha. Y como lo muestra un mural en la Universidad, lo hicieron con humor pero también con referencias simbólicas, como lo es esa cita del Subcomandante Marcos.

Determinación y creatividad son las mejores armas del movimiento social frente a las leyes represivas, que los gobernantes de Chile y otras partes siempre defienden con esa falsa sensatez según la cual la gente honesta no tiene por qué preocuparse, porque no tiene nada que reprocharse. No dice otra cosa el ministro Rodrigo Hinzpeter cuando declara: “A las marchas se concurre con las manos limpias y con el rostro descubierto.” La misma lógica que sirve para instalar cámaras de vigilancias en las calles, control policial en internet, leyes antiterroristas y regímenes de excepción. Pero sea cual sea la máscara que ocupa el Estado policial, siempre lo traicionaran sus métodos, especialmente cuando su legitimidad se encuentra cuestionada y la fuerza se vuelve su último recurso.

Por Lambert Lamberto