Después de su visita de terreno del 25 de enero, la directora de la unidad de gestión patrimonial del municipio es clara: las obras del Palacio Astoreca “cumplen con todas las directivas municipales”. Sin embargo, no es la opinión de todos. Tanto en la ciudadanía como en el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), denuncian aspectos que no corresponden al proyecto de renovación aprobado por el municipio.

Por Marion Bastit

El CMN, que desde la renuncia de su jefe en diciembre del 2010 cuenta con dos funcionarios para toda la región, no tiene los recursos para fiscalizar las obras, por eso “tiene que confiar en que la municipalidad haga las verificaciones”. Excepto en caso de denuncia, esta última no interviene antes de la recepción final de obras. “No se puede inspeccionar a todas las obras”, justifica Adriana Germain, “hay un arquitecto profesional, él es responsable”. “No van a hacer lo que no pueden”, añade, “ya que si no se recibe, el edificio no obtiene su patente funcional y se pierden millones de pesos de inversiones”. Para ella, este tipo de denuncias es “un escándalo inútil”, sospechando que sus autores tengan “otros motivos” que la simple conservación del patrimonio arquitectónico de la ciudad.

Ubicado al lado del museo Baburizza, el palacio Astoreca es parte de una zona calificada de típica, que también es parte de la zona declarada patrimonio mundial de la humanidad por la UNESCO, lo que le vale una máxima protección. Sin embargo, las “mansardas en techumbre”, que figuraban en la misma ficha de valoración elaborada en el 2001 para la postulación, parecen amenazadas por las obras en curso, que apuntan a transformar el edificio en un hotel. Aunque el plan aprobado por el CMN y la dirección de obras en el 2008 consideraba la conservación de la “quinta fachada”, es decir su techo de dos aguas, Sofía Ayala teme que este sea cubierto por una terraza plana de hormigón armado.

De hecho, en la visita de obras que hizo junto a Adriana Germain, directora de obras del municipio, y Paulina Kaplan, directora de la unidad de gestión patrimonial de la ciudad, notó una extensión de la estructura metálica “hasta el perímetro”, y no según un eje central limitado por barandas como era indicado en el plano inicial. Además, denuncia un cambio de ángulo de la mansarda, que ahora está siendo “casi vertical”. Adriana Germain rechaza esta última acusación, explicando que lo que se ve por el momento es un elemento de estructura interna, cuyo ángulo no corresponde al de la mansarda. Según ella, “tal como está la obra, no hay ninguna diferencia con el plan inicial”. Paulina Kaplan insiste en la necesidad de incorporar “técnicas más modernas”, ya que el monumento fue muy dañado por el terremoto y que esta mansarda iba a caer, mientras “no pasó nada a los monumentos ya restaurados”.

A pesar del veredicto del municipio, hace tres semanas la junta de vecinos del cerro Concepción hizo una denuncia de obra nueva en zona típica en el Cuarto Juzgado de Policía Civil. Mientras la Fiscalía todavía está investigando, las obras del tercer piso ya están paralizadas desde el 28 de enero. Aunque Paulina Kaplan destaca que ellos “aún no viven en el cerro Alegre”, Sofía Ayala recuerda que en virtud del artículo 42 de la ley de monumentos nacionales, cualquier ciudadano puede denunciar una infracción en zona típica, aunque no sea directamente afectado. Por su parte, ella mandó un informe interno denunciando las irregularidades observadas al CMN de Santiago, pero este último estando en receso, no espera una respuesta antes de marzo.

El CMN, que desde la renuncia de su jefe en diciembre del 2010 cuenta con dos funcionarios para toda la región, no tiene los recursos para fiscalizar las obras, por eso “tiene que confiar en que la municipalidad haga las verificaciones”. Excepto en caso de denuncia, esta última no interviene antes de la recepción final de obras. “No se puede inspeccionar a todas las obras”, justifica Adriana Germain, “hay un arquitecto profesional, él es responsable”. “No van a hacer lo que no pueden”, añade, “ya que si no se recibe, el edificio no obtiene su patente funcional y se pierden millones de pesos de inversiones”. Para ella, este tipo de denuncias es “un escándalo inútil”, sospechando que sus autores tengan “otros motivos” que la simple conservación del patrimonio arquitectónico de la ciudad.

  Pero no es el único caso de irregularidad, recuerda Pablo Andueza, abogado patrocinante de la denuncia. Dos años atrás, la rehabilitación, aprobada por el municipio, del Hotel del Vino, también parte de la misma zona típica, se transformó milagrosamente en una demolición y reconstrucción de la fachada. Para Paulina Kaplan, “por suerte que lo hicieron, así se salvó un monumento patrimonial. El único problema es que no avisaron.”El problema es que les costó dos millones de pesos de multa, por infracción a la ley de monumentos nacionales. Con el cambio irreversible, la única  medida de mitigación que tuvieron que realizar fue un expediente para el declaratorio como monumento histórico de tres ascensores.

Otro caso reciente es el del Hotel Gran Bretaña, en el cerro Playa Ancha. Mientras aquí se trata de una zona de conservación histórica, lo que significa un sistema de protección menos intenso, las obras tampoco correspondían al proyecto de restauración aprobado por el municipio. Además de la construcción de dos torreones en vez de uno, un muro tenía una altura superior a lo permitido por la norma legal. Pero el municipio rechazó la denuncia ciudadana. Según Pablo Andueza, fue porque habían pasado más de dos años desde la aprobación del proyecto, plazo indicado por la ley de procedimiento administrativo para invalidar un acto administrativo. “Pero este proyecto nunca fue aprobado porque es distinto”, denuncia él. “Hubieran tenido que pedir un nuevo permiso, lo que implicaría un nuevo plazo”.

Pero según Adriana Germain, “fuera de que esté fuera de tiempo, no había nada irregular”. La arquitecta Jimena Irizarri hizo una presentación en la Contraloría General de la República para cuestionar la legalidad de las obras realizadas, lo que desembocó en un decreto de demolición. Sin embargo, los decretos de demolición casi nunca se cumplen, ya que esta está a cargo del propietario mismo. “Siempre puede decir ‘no tengo plata’”, denuncia Sofía Ayala. “Las formas de presionar al propietario valen hongo”, confirma Adriana Germain. “El único instrumento sería que el municipio le haga, pero si ni siquiera tengo un obrero con un martillo, ¿qué voy a hacer?”, añade. Una vez más, una ley no se puede cumplir por falta de presupuesto… “El sistema jurídico nuestro es teórico”, resume ella.

“En un municipio deficitario, la demolición es un lujo”, dice Pablo Andueza, recordando que para pagar las deudas resultantes de programas sociales sin financiamiento implementados por el ex-alcalde Hernán Pinto, se vendieron varios edificios municipales como el estadio municipal de Playa Ancha, los almacenes de Yolanda y el palacio Astoreca. “El patrimonio municipal se perdió”, concluye.

A algunos meses de la evaluación por la UNESCO del manejo del sitio patrimonial, que empieza en junio de 2011, los seguidores de RADIO PLACERES se podrán preguntar lo que van a pensar de todas estas modificaciones sobre las cuales el municipio hace la vista gorda…