El pasado jueves 3 de junio se realizó en Valparaíso un foro sobre la cruel realidad que viven  las comunidades mapuches de la localidad de Puerto Choque, ubicada en la Comuna de Tirúa, en la Octava Región, a orillas del lago Lleu - Lleu. 

La actividad reunió a una gran  cantidad de personas y tuvo como expositores al abogado defensor de la causa mapuche Nelson Miranda y a Gladys Huenuman, dirigenta de la comunidad Venancio Ñehuey.

El tema principal del encuentro fue la brutal represión que ejerce carabineros e investigaciones en el lugar, a la que se suma la amenaza constante que significan las forestales y mineras (que despojan de tierra y libertad a quien se les cruce), y la detención de una gran cantidad de comuneros por inverosímiles razones, los cuales hoy enfrentan posibles condenas de hasta  130 años de presidio, producto de la perversa aplicación de la ley antiterrorista.

Para Gladys Huenuman (nieta de Angelita), el mayor problema es el maltrato y la discriminación de que son víctimas las diferentes comunidades que viven alrededor del Lleu Lleu. “Hoy día, el estado chileno, junto con  la grandes empresas latifundistas están aplicando la ley antiterrorista (…) Nosotros estamos recuperando lo nuestro. Nosotros nos sentimos harto discriminados… como hijos de perra… porque hoy día yo creo que  ni a un animal se le trata como a los mapuche se les ha tratado”, señala.

Algunos de los comuneros detenidos fueron acusados - en lo que Gladys considera “el gran montaje del estado chileno” - de atentar contra el fiscal Mario Elgueta y de un robo  con intimidación a José Santos Jorquera, un vecino chileno vinculado a la DINA y la CNI durante la dictadura. La presencia de “testigos protegidos” durante todo el proceso ha sido un elemento fundamental para validar estas grandes mentiras e inculpar a los mapuches, entre los que se encuentra el hijo de Gladys Huenuman, Carlos Muñoz Huenuman, por el que la fiscalía está pidiendo 35 años de prisión.

Por su parte, el abogado defensor de presos políticos mapuches, Nelson Miranda, explicó que muchas veces los “testigos protegidos” son integrantes de las comunidades que, intimidados con violencia y amenazas, declaran en contra de sus propios peñis. El defensor señaló también que existe arbitrariedad en la aplicación de la ley antiterrorista en las detenciones de mapuches, siendo las únicas causas a nivel nacional en que se hace efectivo este marco legal. Otro tema - puntualizó- son los fiscales, quienes en el nuevo sistema tienen un poder desmesurado y que, en la octava región en particular, son en su mayoría personas con una clara tendencia anti mapuche.

“El Lleu Lleu es un epicentro de lo que significa el estado contra insurgente en Chile. Se ha llevado a la práctica por parte del aparato judicial una campaña sistemática en contra de los mapuches que luchan legítimamente por sus derechos, apoyada y financiada por las forestales (Mininco), pero además en Lleu Lleu la cosa se pone más compleja porque hay una cantidad gigantesca de capitales mineros esperando la explotación de metales pesados en las riveras del lago. Eso le da una connotación especial al conflicto en la zona, porque ya no es una lucha del pueblo mapuche por recuperar sus territorios ancestrales, por llevar adelante su forma de vida tradicional, sino que es una lucha que incluye al conjunto de la humanidad, porque es una lucha ecológica fundamental”, concluyó Miranda en este conversatorio sobre la grave situación que viven  las comunidades mapuches de Puerto Choque.

Por Ana Lazo Malig